Artículo de opinión de Daniel Serón, director de SUNO SOSTENIBILIDAD
Concepto de neutralidad climática y marco regulatorio
Cada vez estamos más habituados a escuchar o leer términos como “neutralidad climática”, “cero emisiones” o “huella de carbono”. El concepto de neutralidad climática del que tanto se habla, por la relevancia que está teniendo sobre la actividad económica, como consecuencia de las medidas a aplicar para alcanzarla en el año 2050, no deja de ser un balance de materia en el que las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se compensan con las absorciones de carbono tanto continentales como oceánicas.
Hasta el año 2021 este cálculo y registro era voluntario para las empresas españolas, pero tras la Disposición Final Duodécima de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, pasará a ser de carácter obligatorio para un buen número de empresas.
Pues bien, para llegar a cumplir los objetivos de neutralidad climática, limitando el aumento de la temperatura global del planeta a 1,5 ºC por encima de los niveles de temperatura preindustriales, es vital conocer y aplicar de forma correcta el cálculo y comunicación de la huella de carbono, sin hacernos trampas a nosotros mismos.
Hasta la fecha, la tipología de empresas que estarán obligadas a llevar a cabo el cálculo y publicación de su huella de carbono y el correspondiente plan de reducción no ha sido publicada, pero ya en Baleares este requisito es obligatorio para las grandes y medianas empresas que desarrollen total o parcialmente su actividad en las Islas Baleares.
Pedagogía en el uso del término
Pero, con independencia de los mecanismos legislativos diseñados para “motivar” a las empresas a contribuir a la neutralidad climática, hace falta mucha pedagogía, todavía, para evitar errores de concepto generalizados como, por ejemplo, adoptar por consenso que la huella de carbono de las energías renovables es igual a cero, o que un vehículo eléctrico de transporte público lleve rotulado “cero emisiones” en una zona visible.
Las energías bajas en carbono, son eso, energías que durante su ciclo de vida representan unas emisiones de gases de efecto invernadero inferiores a otras fuentes de energía tradicionales, como las basadas en combustibles fósiles. Pero en ningún caso se les puede llamar energías cero emisiones. De hecho, se ha abierto un debate muy interesante sobre el nivel de carbono de algunas fuentes de energía tradicionales, como la nuclear o el gas natural, que han llegado a considerarlas como energías verdes obedeciendo a otros criterios como el de seguridad energética. Pero aquí, nuevamente se mezcla todo, se debería hablar de energías bajas en carbono o más bajas en carbono que otras y no de Energías Verdes, puesto que el término verde nadie sabe bien ya lo que significa.
Conceptos financieros como, el ratio de endeudamiento de una empresa, son sobradamente conocidos, sin embargo, si hacemos un símil con la deuda climática contraída por una empresa en relación con el objetivo de alcanzar su neutralidad climática, esto ya no es tan evidente. Y es que, si una empresa, únicamente comunica sus emisiones directas por su actividad (antiguo alcance 1) y las indirectas vinculadas a su consumo de electricidad (antiguo alcance 2), estará obviando una parte importante de su deuda climática y por tanto “enmascarando” su desempeño ambiental.
Afortunadamente ya se empieza a superar el discurso de que la única vía para la descarbonización de la economía es a través de estrategias de eficiencia energética y del desarrollo de las energías renovables, y se comienza a vincular cada vez más, el desarrollo de la economía circular, y su enfoque de ciclo de vida de los productos y servicios, así como sus propuestas de nuevos modelos de producción y consumo, con su impacto en la reducción de emisiones de la economía mundial. Y es que sólo con renovables, eficiencia energética y proyectos de reforestación, será imposible alcanzar los objetivos climáticos.
¿Realizamos de forma adecuada la medición de la huella de carbono de organización?
Hay que diferenciar dos enfoques cuando una organización se plantea cuantificar la huella de carbono; la huella de carbono de organización y la huella de carbono de producto, si bien, en este artículo nos vamos a centrar en la huella de carbono de organización por ser esta la más popular.
Para ambos enfoques, se utilizan estándares internacionales, cómo la norma ISO 14064-1:2018 (organización) y la norma ISO 14067:2018 (producto), que sirven para proporcionar claridad y coherencia a la hora de cuantificar, realizar seguimiento, informar y validar o verificar las emisiones y remociones (absorciones) de gases de efecto invernadero.
La huella de carbono, no deja de ser un indicador del impacto ambiental del ciclo de vida de una actividad o un producto, y por tanto, debemos ser muy cuidadosos al trasladar el mensaje de que el uso de la energía solar o la energía eólica para satisfacer las necesidades energéticas del desarrollo de las operaciones de una empresa, tiene un impacto nulo sobre el calentamiento global. Si una empresa adquiere energía renovable de una comercializadora que cuente con sus correspondientes garantías de origen, debe conocerse que existe una huella de carbono correspondiente a la extracción de materias primas, fabricación, transporte, instalación, operación y gestión de residuos, de las instalaciones que suministran dicha energía, que, aunque en el anteriormente llamado alcance 2 de la huella de esa organización no se contabilizaban, la nueva norma ISO 14064 si ofrece la opción de contabilizarlas.
Y es que, precisamente, en ese intento por simplificar el cálculo y hacerlo accesible a todo tipo de empresas, es donde se ha estado facilitando, que sea considerado como algo trivial y que su comunicación sea poco rigurosa.
En realidad, la fórmula para calcular la huella de carbono de una organización, no es más que la suma del producto de los distintos datos de actividad por sus correspondientes factores de emisión, pero la cosa se complica a la hora de definir el alcance de las actividades que vamos a incluir en los cálculos. Por un lado, están las emisiones directas correspondientes a la actividad de la empresa, tales como consumo de combustibles fósiles, fugas de los equipos de climatización y /o refrigeración o transporte de vehículos propiedad de la empresa o en régimen de renting, leasing, etc. Y por otro lado están las emisiones indirectas, clasificadas en categorías y subcategorías, como la energía importada (antiguo alcance 2), ya mencionada anteriormente , y otras que incluirían la extracción y producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo con medios externos, el transporte de materias primas, de combustibles y de productos (por ejemplo, actividades logísticas) realizados por terceros o la utilización de productos o servicios ofrecidos por la organización a terceros, así como la gestión de residuos al final de la vida de los productos vendidos.
Calcular únicamente las emisiones directas y las indirectas asociadas a la energía eléctrica consumida, supone obviar en la mayor parte de los casos, un porcentaje muy importante de la huella de carbono de una organización.
Y es ahí donde entra el grueso de las emisiones indirectas, imprescindibles para tener la foto completa del impacto de una organización, y que ocurren en la cadena de valor de la empresa, aguas arriba y aguas abajo de su actividad directa, pero que, al ser en su mayoría opcionales, y al no existir en muchos casos, factores de emisión fácilmente disponibles, dificultan la uniformidad a la hora de presentar resultados y al hacer comparaciones entre empresas del mismo sector.
Otra de las consecuencias de considerar el cálculo de la huella como una actividad al alcance de todos, es que muchas empresas lo realicen in-house, sin contar con conocimientos, o peor aún, que estén proliferando consultoras o profesionales que ofrezcan este servicio sin tener conocimientos ni experiencia suficientes.
Hay ejemplos de sobra, que demuestran el mal uso de la huella de carbono para hacer greenwashing, ocultando el cálculo parcial (antiguos alcances 1 y 2) en los informes de sostenibilidad y aparentando que el valor declarado es la huella de carbono total de la organización.
Compensación de emisiones vs planes de acción en mitigación
La compensación de emisiones, mediante la contribución económica a proyectos desarrollados por terceros, que supongan una reducción o absorción de emisiones, puede ser un mecanismo válido, siempre que se haya alcanzado el límite en la viabilidad técnico-económica de las posibles acciones para reducir las emisiones correspondientes al ciclo de vida de las operaciones de una empresa, es decir, teniendo en cuenta toda su cadena de valor. Ya que, de otro modo, estaremos fomentando la proliferación de modelos de negocio de compensación de emisiones, cuya justificación esté basada en la idea de “para que lo voy a hacer yo, si lo pueden hacer otros”, y a su vez, abriendo la puerta a la especulación en base a los precios en los mercados de carbono.
A priori, resulta altamente popular, dedicar recursos a invertir en proyectos de reforestación y poder presumir de tener “mi árbol” o “mi bosque”, con su correspondiente foto y el número de toneladas de CO2 absorbidas, pero no todo vale. Un proyecto de reforestación en un lugar poco adecuado, con medios poco adecuados o con las especies no adecuadas para ese lugar, podrían tener efectos negativos no deseados o incluso una menor cantidad que la esperada del CO2 absorbido.
Credibilidad y comunicación
La credibilidad del cálculo y comunicación de la huella de carbono de las organizaciones está en juego, y debemos combatir las prácticas de greenwashing, con pedagogía, transparencia y rigor en la verificación de los cálculos por terceros independientes.
El coste económico asociado al cálculo riguroso y completo de la huella de carbono de cualquier organización, no debería ser una barrera, sobre todo teniendo en cuenta el aluvión de millones de fondos europeos destinados a una “recuperación verde”, que, si se dirigen a disponer de un adecuado diagnóstico climático en las organizaciones, permitirá la toma de decisiones adecuadas para acercarnos al objetivo de neutralidad climática.
